El gobierno de Estados Unidos endureció las medidas de vigilancia financiera con una nueva orden ejecutiva impulsada por el presidente Donald Trump, enfocada en reforzar el control sobre cuentas bancarias, transferencias internacionales y remesas enviadas al extranjero, particularmente aquellas relacionadas con migrantes y operaciones consideradas de riesgo por las autoridades estadounidenses.
La disposición instruye a bancos y entidades financieras a fortalecer sus mecanismos de revisión y monitoreo, aplicando esquemas de “debida diligencia reforzada” para detectar posibles operaciones ligadas al lavado de dinero, narcotráfico, trata de personas y financiamiento al terrorismo. Como parte de estas acciones, las instituciones deberán revisar con mayor detalle el perfil y situación migratoria de ciertos clientes.
De acuerdo con medios internacionales, una de las principales preocupaciones del gobierno estadounidense es el flujo de remesas de bajo monto hacia países como México, debido a que algunas transferencias podrían ser utilizadas por organizaciones criminales para mover recursos ilícitos sin levantar sospechas dentro del sistema financiero tradicional.
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos será el encargado de emitir las nuevas reglas operativas y lineamientos técnicos en un plazo aproximado de 60 días, lo que podría traducirse en mayores controles para abrir cuentas bancarias, realizar depósitos o enviar dinero al extranjero desde territorio estadounidense.
La medida generó preocupación entre organizaciones defensoras de migrantes, especialistas financieros y asociaciones civiles, quienes advirtieron que millones de personas podrían enfrentar mayores obstáculos para acceder a servicios bancarios y enviar apoyo económico a sus familias, además del riesgo de que aumenten las operaciones fuera del sistema financiero formal.
Analistas internacionales consideran que este endurecimiento forma parte de la estrategia de seguridad y migración impulsada por Trump durante su segundo mandato, enfocada en aumentar la presión contra redes vinculadas al crimen organizado y reforzar los mecanismos de supervisión financiera en Estados Unidos.
