La denuncia por presuntos contratos con empresas fantasma en el Ayuntamiento de León dio un nuevo giro luego de que el síndico Román Cifuentes Negrete presentara una denuncia formal ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de Guanajuato para que se investiguen posibles responsabilidades relacionadas con el exsecretario de Vinculación y Atención a los Leoneses, Allan León Aguirre, en un caso que además mantiene la tensión política al interior del Cabildo leonés.
La querella se deriva de una serie de investigaciones periodísticas que revelaron la existencia de contratos millonarios otorgados a empresas señaladas por presuntas irregularidades, entre ellas Office and Publicity, compañía que habría recibido recursos públicos pese a las dudas sobre su operación y estructura empresarial. A raíz de las revelaciones, Allan León dejó su cargo en abril pasado mientras avanzaban las indagatorias administrativas.
De acuerdo con la denuncia presentada por el Ayuntamiento, existen elementos que justifican una investigación penal para determinar si hubo tráfico de influencias, simulación de operaciones o alguna otra conducta relacionada con el uso de recursos públicos, por lo que ahora será la Fiscalía Anticorrupción la encargada de integrar el expediente y definir si existen responsabilidades
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Paralelamente, la Contraloría Municipal mantiene abiertas revisiones sobre al menos seis empresas vinculadas con el caso, analizando contratos, procesos de adjudicación y la posible relación entre proveedores y funcionarios, mientras que el Congreso del Estado también solicitó una auditoría integral para revisar la contratación de estas firmas durante los últimos años.
La controversia ha generado diferencias y posicionamientos encontrados entre integrantes del Cabildo de León, donde el tema ha provocado señalamientos entre distintas fuerzas políticas y exigencias para que las investigaciones avancen con total transparencia. El caso se ha convertido en uno de los asuntos más sensibles para la administración municipal y mantiene la tensión en las sesiones del órgano de gobierno local.
Ante la polémica, la alcaldesa Alejandra Gutiérrez aseguró que no tiene miedo de que las investigaciones lleguen hasta las últimas consecuencias y reiteró que su gobierno no protegerá a nadie. La presidenta municipal sostuvo que fue la propia administración la que facilitó la información requerida por las autoridades y afirmó que cualquier persona que haya cometido irregularidades deberá responder por sus actos, sin importar el cargo que haya ocupado, mientras la Fiscalía determina el rumbo de una investigación que sigue generando repercusiones políticas en León.
