Con una inversión pública-privada de 3 mil 500 millones de dólares, el gobierno capitalina construirá la planta de biodigestión más grande del mundo, que reciclará 2 mil toneladas de desechos orgánicos al día, y una de termovalorización, donde se aprovecharán los residuos sólidos con valor energético para generar electricidad, cuya licitación se emitirá en menos de un mes.
En la rodada ciclista por la acción climática, con la que se inician las actividades del grupo de ciudades C40, cuya reunión se realizará del 30 de noviembre al 2 de diciembre en esta ciudad, el jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, afirmó que, pese a la restricción presupuestal federal, «hay posibilidades de contar con esos recursos».
La participación de la iniciativa privada está planteada en su construcción, así como la emisión de un bono verde a escala internacional, pues será «lo mejor para la ciudad, por lo que se revisa con todas las autoridades el sitio donde se ubicarán, lo cual estamos próximos a hacer el anuncio», señaló, aunque extraoficialmente se informó que ambas plantas se instalarán en el Relleno Sanitario Bordo Poniente.
Acompañado por representantes de las embajadas de Alemania, Francia y Estados Unidos, explicó que los recursos para la construcción de las plantas provendrán del «día a día que tiene la ciudad, en el día a día de su energía», pues su puesta en marcha generará un ahorro en la electricidad que consumen las diversas instancias del gobierno capitalino.
Hoy, dijo, «estamos muy concentrados con los diputados, con los senadores» en el tema presupuestal, donde «creo puede haber una acción importante; vamos a esperar y vamos a trabajar. De cualquier manera, la ciudad va a seguir funcionando».
Comentó que, por primera vez, se realizará en la capital del país la sexta cumbre de ciudades globales del mundo, de alcaldes interesados en mitigar el cambio climático, los cuales asumieron el compromiso de reducir 30 gigatones de CO2 para 2030 y la Ciudad de México de hacerlo en 10 millones de toneladas, para lo cual se prevé un avance de 45 por ciento el próximo año.
Por ello, es importante contar con la participación del sector privado en la construcción de esas dos plantas, pues «no se podrá de otra manera ante la restricción presupuestal federal. No necesariamente es una privatización, sino una inversión público-privada», afirmó a su vez Eduardo Vega.
El titular del Consejo Económico Social, órgano no gubernamental formado por funcionarios, académicos, empresarios y miembros de la sociedad civil, señaló que la participación de “la iniciativa privada es bienvenida para potenciar y acelerar el paso en esta transición energética.
«No veo ningún problema en concretar ese acuerdo, cuando es un camino viable si nos restringen los recursos federales y se requiere mitigar el volumen de basura que se envía a sitios de disposición final y reducir la facturación por energía, que es muy alta», puntualizó.
