California se declaró ayer “estado santuario” en Estados Unidos para proteger a los migrantes indocumentados. La ley SB54, conocida como el Acta de los Valores de California, fue aprobada por el Senado y la Asamblea del estado dorado a mediados de septiembre, y ahora que está en vigor, extiende a nivel estatal las protecciones de las “ciudades santuario”, las que decidieron no colaborar con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de EU en la persecución de indocumentados.
El gobernador californiano, el demócrata Jerry Brown, aseguró que “son tiempos inciertos para los californianos sin documentos y sus familias”, y explicó que “esta ley encuentra un punto intermedio, que protegerá la seguridad pública mientras aporta una medida de consuelo para aquellas familias que están ahora viviendo con miedo cada día”, añadió.
La SB54 elimina casi por completo los casos en los que las autoridades locales y estatales pueden trabajar en tareas de migración, una competencia que la policía de California dejará, en la práctica, en manos del gobierno federal. Así, los agentes no podrán investigar, interrogar o detener a personas en California sólo porque sospechen que son migrantes sin documentos.
El texto aprobado permite, eso sí, que las autoridades locales trabajen conjuntamente con las autoridades federales de migración si una persona ha sido declarada culpable de algún delito contenido en una lista de cerca de 800 infracciones, la mayoría, graves.
El fiscal general de EU, Jeff Sessions, ha criticado en varias ocasiones las medidas “santuario” y este septiembre acusó a estas ciudades de beneficiar a traficantes, contrabandistas y pandilleros por negarse a informar del estatus migratorio de las personas que salen de la cárcel.
Sessions ha amenazado con recortar fondos federales a estas ciudades o estdos, pero un juez de Chicago bloqueó el pasado mes este intento, tras considerar que el fiscal general excedió su autoridad al tratar de modificar los estándares para la concesión de una subvención destinada a los las policías locales.
Por otra parte, el gobernador Brown firmó otra ley que restringe la expansión de cárceles privadas destinadas a recluir a migrantes indocumentados, y que ofrece más transparencia en la información sobre los detenidos. Concretamente, los condados no podrán firmar nuevos contratos para centros de detención de migrantes con entidades privadas, y tampoco podrán renovar acuerdos que estén vigentes en enero de 2018, cuando entrará en vigor esta ley.
La nueva ley también incluye específicamente a aquellos centros donde están detenidas personas que no son ciudadanos como sujetos a la Ley de Registros Públicos de California, que obliga a las agencias locales y estatales a tener su información disponible al público.
“Gracias gobernador por bloquear el crecimiento de la detención” de indocumentados, expresó en su cuenta de Twitter el legislador Ricardo Lara, representante demócrata de California y proponente de la ley.
“Ahora el Centro de Detención de Adelanto estará abierto a la supervisión pública”, señaló Lara, quien destacó que California no debe estar al “lado de las empresas que se benefician de la detención de los solicitantes de asilo y la miseria de las familias divididas”.
