La Cámara de Diputados aprobó reformar la Ley General de Salud para consolidar a la secretaría federal como instancia rectora y articuladora del Sistema de Protección Social en Salud, mejorar la eficiencia de los servicios estatales y sancionar con prisión y multas el desvío de recursos.
El dictamen fue aprobado en lo general por 390 votos a favor, 25 abstenciones y 20 en contra y, posteriormente, se desecharon las cinco reservas que se presentaron.
En él se establece que los recursos que transfiera el Gobierno federal a las entidades federativas por concepto de cuota social y de aportación solidaria, podrán realizarse en numerario o en especie, a fin de garantizar que la población cuente con los medicamentos y demás insumos para su atención. Además, fija penas de cuatro a siete años de prisión y multas de mil a 500 mil días de salario mínimo a quien desvíe recursos, numerarios o en especie, del Sistema de Protección Social en Salud. Asimismo, homologa la Ley General de Salud con la Ley General de Contabilidad Gubernamental, en cuanto a la transferencia de recursos federales a las entidades federativas
