El gobierno de Costa Rica ha anunciado esta semana un nuevo y ambicioso plan para «descarbonizar» al país, para librarle de las emisiones de dióxido de carbono, para 2021, en plenos fastos por el segundo centenario de la independencia. Y lo ha planteado de forma peculiar: sin prohibir los combustibles fósiles.
Hasta ahora la política climática se había centrado en medidas de carácter restrictivo. Sabemos que Países Bajos o Noruega han prohibido la utilización de los vehículos diésel en el corto plazo, y que otras ciudades como París, Madrid o Londres ya están estableciendo moratorias. Al mismo tiempo, las políticas medioambientales más avanzadas habían optado por restringir o prohibir la utilización del carbón o el gas natural en las centrales energéticas.
Si Costa Rica se puede permitir un plan semejante es porque su política energética ya es muy «verde». El año pasado sobrevivió más de 300 días sin consumir un gramo de electricidad que no proviniera de fuentes renovables. Durante los dos últimos años ha logrado producir el 98% y el 99% de su energía gracias a la copiosa infraestructura hidroeléctrica del país. Las particularidades físicas de su territorio (montañoso, muy húmedo) y una antiquísima política medioambiental hacen que Costa Rica tenga lleve recorrido un largo camino hacia la descarbonización.
Para solucionarlo, el gobierno va a eliminar todos los impuestos asociados a los vehículos eléctricos (hasta ahora muy caros: tan sólo hay un centenar circulando por el país). También va a impulsar la creación de una infraestructura de estaciones de carga a lo largo y ancho del país, confiando en que el desarrollo de baterías más autónomas y baratas hagan el resto. Sus ciudadanos compran muchos coches: Costa Rica necesita cambiar qué tipo de coche compran.
Su funcionalidad, ya lo sabemos, es limitada. Costa Rica ha optado por centrarse directamente en la oferta de coches eléctricos, obviando cualquier prohibición que limitaría los generosos impuestos asociados a los combustibles fósiles (el 22% del presupuesto, nada menos). Es decir, su vía es una vía obligada políticamente: no se pueden permitir una cuota o una prohibición. Tiene cuatro años por delante para descubrir sus posibilidades o sus límites.
