Por: Espacio Progresista (@ProgresistaMX)
México presidió la Alianza para el Gobierno Abierto, esfuerzo global a favor de la transparencia y la rendición de cuentas, que tuvo lugar en Londres hace algunos días. Aun cuando el presidente Peña Nieto desplegó -una vez más- una herramienta comunicativa al anunciar públicamente su pleno compromiso por la causa, no cabe duda que en casa nos falta mucho por hacer.
Candil de la calle, oscuridad en su casa: un presidente que no ha entregado su declaración patrimonial (o que se limitó a decir que su patrimonio constaba de “cuatro casas, cuatro terrenos, un departamento, obras de arte y joyas”) y cuya gestión al frente del Estado de México deja mucho que desear en materia de transparencia. Tampoco sabemos mucho del patrimonio de nuestro Procurador General de la República, cuyo paso por el Estado de Hidalgo y sus vínculos con la economía informal quedan en tela de juicio. Podríamos continuar con esta lista, pero más allá de los integrantes del gabinete, el problema de la falta de transparencia en México es sistémico.
Los partidos políticos, ejes rectores de nuestro sistema político, son el origen del alto nivel de desconfianza que expresa la ciudadanía hacia la política. Estos son los primeros en rechazar cualquier intromisión en su gestión interna o en sus actuar parlamentario. Por ejemplo, los contratos que realizan los grupos parlamentarios y las comisiones (sujetos obligados por ley a generar información) quedan en completa oscuridad.
La transparencia, entendida como derecho ciudadano y componente fundamental de la democracia liberal, podría definirse como la disponibilidad de la información sobre el actuar de los sujetos públicos, la claridad de reglas y la forma en la que se toman las decisiones. Una información sin costo, socialmente útil, veraz y verificable. Solo un ciudadano bien informado de los asuntos públicos puede comprometerse y participar con conocimiento de causa y criterio. Y esta participación e involucramiento son clave en una sociedad democrática funcional. La transparencia produce círculos virtuosos empezando por el fomento de la participación ciudadana, mayor nivel de exigencia y mayor confianza por parte de los ciudadanos, factores de legitimidad de un gobierno.
La ciudadanía tiene el deber de exigir y hacer efectivos sus derechos. Pero las instituciones también tienen que dejar de ver a la transparencia como una traba a sus labores. Por el contrario, deben empezar a utilizarla como herramienta de monitoreo y eficiencia en su desempeño. Las instituciones podrían capacitar y empoderar a la ciudadanía mediante un ejercicio de educación cívica y de difusión del concepto de transparencia en aras del bienestar de la población y para restablecer una relación de confianza entre la población y los asuntos públicos.
Para romper con este ciclo de desconfianza, algunos gobiernos, especialmente en Europa, atacaron el corazón de la “democracia” partidista y de sus procesos internos. Instrumentaron reformas y medidas estrictas de control con respecto al financiamiento y los procesos internos de decisión de los partidos. Estas experiencias demuestran claramente que una cierta dosis de intervención externa muestra ser útil para que los partidos apliquen en su organización lo que paradójicamente predican para el Estado.
Una de las grandes fallas de nuestro sistema de gestión pública y política proviene del modelo corporativista. ¿Cómo podemos permitir que un directivo de una compañía de transportes de carga sea el presidente de la Comisión de la Cámara de Diputados encargada de los asuntos de transporte? En este sentido, sería muy ventajoso obligar a los representantes electos presentar una declaración ética para evitar futuros conflictos de interés. También sería útil reforzar y aplicar los criterios de elegibilidad para el acceso a responsabilidades políticas. No se puede admitir que individuos condenados por corrupción o infracción a las reglas electorales sigan participando a la competencia electoral, votar o ser electo.
Transparencia, rendición de cuentas y ejemplaridad deben ser los ejes prioritarios de nuestras fuerzas políticas y de nuestras autoridades. De la mano con la sociedad civil organizada, nuestros representantes disponen del mandato para dar un brinco y cambiar el paradigma de la gestión pública y política en México. Lograr la creación de una cultura de la transparencia reactiva y proactiva. Imponer procesos durables y rebasar la lógica temporal del cambio político efímero. Salir del monopolio partidista y transitar a una democracia liberal funcional.
