Con esta reforma, el maltrato animal no solo se mantiene como conducta sancionable en la Ley para la Protección Animal para el Estado de Guanajuato y en el Código Penal estatal, sino que ahora se refuerza como un principio constitucional, lo que amplía la responsabilidad de las autoridades para prevenir, investigar y sancionar actos de crueldad.

La gobernadora Libia Dennise García Muñoz Ledo ha señalado que el maltrato animal es un delito que debe castigarse conforme a la ley, destacando que la reforma responde a una demanda social creciente por garantizar el bienestar de los animales domésticos y de compañía, así como fortalecer las políticas públicas en la materia.

La legislación estatal establece como maltrato actos como privar a los animales de alimento, agua, atención médica o resguardo, así como abandonarlos o someterlos a prácticas que les provoquen sufrimiento injustificado, contemplando sanciones que van desde multas económicas hasta penas de prisión, dependiendo de la gravedad del caso.

Además, los municipios están obligados a operar Centros de Control y Asistencia Animal, promover campañas de esterilización y vacunación, y fomentar la adopción responsable, mientras que cualquier ciudadano puede presentar denuncias ante la autoridad competente, consolidando así un esquema legal que busca combinar prevención, sanción y participación social en la protección animal en Guanajuato.

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Para llevar a cabo el proceso de selección, el Municipio de León contrató a la empresa especializada Five Steps Head Hunting, con un contrato cercano a los 400 mil pesos, con el objetivo de identificar perfiles idóneos para ocupar la dirección. De acuerdo con información oficial, Román Salazar es médico veterinario zootecnista con experiencia en manejo de fauna y gestión en espacios públicos, incluyendo antecedentes laborales en el Sistema Municipal de Parques Temáticos de Tijuana.

Sin embargo, asociaciones animalistas y colectivos ciudadanos han cuestionado el procedimiento al señalar que la empresa contratada habría centrado la evaluación principalmente en la revisión curricular, sin verificar de manera exhaustiva referencias laborales, antecedentes o posibles denuncias previas. Integrantes de organizaciones como Fundación Animare León y Abogados Animalistas México entregaron documentación al Consejo para que se revisen señalamientos relacionados con su gestión anterior.

Ante la polémica, la alcaldesa de León, Alejandra Gutiérrez Campos, informó que la toma de protesta definitiva del nuevo director quedó en suspenso mientras se analizan los señalamientos y se solicita información adicional a autoridades de Baja California. La presidenta municipal aseguró que se revisará el contrato con la empresa reclutadora en caso de detectarse incumplimientos y reiteró que la prioridad será garantizar el bienestar animal y la transparencia en el proceso.

El caso ha abierto un debate público sobre los mecanismos de selección en organismos descentralizados y el uso de recursos públicos en procesos de alta dirección, particularmente en instituciones con alto impacto social como el Zoo León, cuyo funcionamiento involucra conservación de especies, manejo técnico especializado y confianza ciudadana.

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