Durante la sesión, celebrada en el Salón de Cabildos de la Presidencia Municipal con la asistencia de los 12 integrantes del Ayuntamiento, también se aprobó el nombramiento del regidor TSU Catarino Rodríguez Rodríguez como nuevo presidente del Comité de Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios Relacionados con Bienes Muebles e Inmuebles.

En materia de seguridad, el Cabildo autorizó la revalidación anual para que la empresa Manavil México, S.A. de C.V. continúe prestando servicios de seguridad privada en el municipio.

Asimismo, el Ayuntamiento formalizó los nombramientos de delegados y subdelegados en las comunidades de Mastranto del Refugio Norte, El Payán, La Esperanza y Palomas del Cubo, fortaleciendo la representación comunitaria en estas localidades.

Finalmente, los ediles conocieron diversos oficios e iniciativas turnadas por el Congreso del Estado de Guanajuato para su análisis por parte de la Comisión de Reglamentos, antes de dar por concluida la sesión ordinaria.

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La querella se deriva de una serie de investigaciones periodísticas que revelaron la existencia de contratos millonarios otorgados a empresas señaladas por presuntas irregularidades, entre ellas Office and Publicity, compañía que habría recibido recursos públicos pese a las dudas sobre su operación y estructura empresarial. A raíz de las revelaciones, Allan León dejó su cargo en abril pasado mientras avanzaban las indagatorias administrativas.

De acuerdo con la denuncia presentada por el Ayuntamiento, existen elementos que justifican una investigación penal para determinar si hubo tráfico de influencias, simulación de operaciones o alguna otra conducta relacionada con el uso de recursos públicos, por lo que ahora será la Fiscalía Anticorrupción la encargada de integrar el expediente y definir si existen responsabilidades

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Paralelamente, la Contraloría Municipal mantiene abiertas revisiones sobre al menos seis empresas vinculadas con el caso, analizando contratos, procesos de adjudicación y la posible relación entre proveedores y funcionarios, mientras que el Congreso del Estado también solicitó una auditoría integral para revisar la contratación de estas firmas durante los últimos años.

La controversia ha generado diferencias y posicionamientos encontrados entre integrantes del Cabildo de León, donde el tema ha provocado señalamientos entre distintas fuerzas políticas y exigencias para que las investigaciones avancen con total transparencia. El caso se ha convertido en uno de los asuntos más sensibles para la administración municipal y mantiene la tensión en las sesiones del órgano de gobierno local.

Ante la polémica, la alcaldesa Alejandra Gutiérrez aseguró que no tiene miedo de que las investigaciones lleguen hasta las últimas consecuencias y reiteró que su gobierno no protegerá a nadie. La presidenta municipal sostuvo que fue la propia administración la que facilitó la información requerida por las autoridades y afirmó que cualquier persona que haya cometido irregularidades deberá responder por sus actos, sin importar el cargo que haya ocupado, mientras la Fiscalía determina el rumbo de una investigación que sigue generando repercusiones políticas en León.

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Durante la Sesión de Ayuntamiento, celebrada en el Salón de Cabildos “José Prajedis Gilberto Guerrero Hurtado”, los integrantes del Cabildo dieron luz verde a la Tercera Modificación al Pronóstico de Ingresos, Presupuesto de Egresos y Programa Operativo Anual 2026 de la Administración Pública Municipal Centralizada, con lo que se redefinen recursos y acciones para el próximo ejercicio fiscal.

Los cambios aprobados buscan adecuar la planeación financiera del municipio a las necesidades que han surgido durante el año, permitiendo realizar ajustes en la distribución de recursos y en los proyectos contemplados para las diferentes áreas de la administración pública.

De manera paralela, el Cabildo también aprobó la Segunda Modificación al Pronóstico de Ingresos, Presupuesto de Egresos y Programa Operativo Anual de JMAPA, organismo responsable de los servicios de agua potable y alcantarillado en el municipio, por lo que también realizará adecuaciones en su planeación financiera para 2026.

Otro de los acuerdos aprobados fue la revalidación anual para que la empresa “Uribe Protección y Custodia, S.A. de C.V.” continúe prestando servicios de seguridad privada en el municipio, cumpliendo con los requisitos establecidos por la legislación vigente.

La sesión contó con la participación de 12 integrantes del Ayuntamiento, diez de manera presencial y dos a distancia, quienes además aprobaron las actas de sesiones anteriores antes de concluir los trabajos de la jornada.

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Durante una reciente sesión del Comité de Adquisiciones, la síndica y presidenta de dicho órgano, María Esther Santos González, planteó la necesidad de establecer criterios preventivos que impidan que proveedores señalados o investigados continúen participando en procedimientos de adjudicación directa mientras se esclarecen los hechos. La propuesta busca fortalecer la confianza ciudadana y evitar que existan dudas sobre la legalidad de futuras contrataciones.

El debate se centra particularmente en seis empresas que presuntamente tendrían vínculos con la firma Office and Publicity, compañía que en meses recientes ha estado en el centro de la polémica por la asignación de contratos municipales. Aunque las investigaciones siguen su curso y hasta el momento no existe una resolución definitiva, autoridades municipales consideran necesario tomar medidas preventivas para proteger la integridad de los procesos administrativos.

La controversia cobró relevancia luego de que la Contraloría Municipal iniciara una serie de revisiones sobre contratos otorgados a dicha empresa, los cuales habrían representado montos millonarios para la administración local. El caso alcanzó tal dimensión que derivó en la renuncia del entonces secretario de Vinculación y Atención a los Leoneses, Allan León Aguirre, quien dejó el cargo argumentando que su salida permitiría que las investigaciones avanzaran sin interferencias.

Si bien la propuesta presentada en el Comité de Adquisiciones no constituye todavía una disposición obligatoria ni fue sometida a votación formal, diversos integrantes del Ayuntamiento coincidieron en la importancia de fortalecer los mecanismos de control y vigilancia en las compras gubernamentales. La intención es evitar riesgos administrativos y garantizar que las contrataciones públicas se desarrollen bajo criterios de legalidad, competencia y rendición de cuentas.

Las autoridades municipales han reiterado que será la Contraloría la instancia encargada de determinar si existieron responsabilidades administrativas o posibles irregularidades por parte de funcionarios o proveedores involucrados. Mientras tanto, el gobierno leonés busca enviar un mensaje de cero tolerancia ante cualquier señalamiento relacionado con el uso de recursos públicos.

La discusión sobre este tema ocurre en un contexto de creciente exigencia ciudadana por una mayor transparencia en los procesos de contratación gubernamental. De concretarse la medida, León podría convertirse en uno de los primeros municipios del estado en establecer restricciones preventivas para empresas sujetas a investigación, fortaleciendo así los controles internos y la supervisión de los procedimientos de adquisiciones.

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De acuerdo con el reportaje, las autoridades estadounidenses mantienen abiertas diversas indagatorias relacionadas con presuntos vínculos entre actores políticos y organizaciones criminales, por lo que los nombres de Durazo y Villarreal habrían sido incorporados a estas investigaciones, en un contexto marcado por el endurecimiento de la estrategia de seguridad impulsada por Washington contra grupos del narcotráfico.

La publicación también señala que, pese a la presunta cancelación de sus visas, ambos mandatarios habrían podido ingresar recientemente a territorio estadounidense mediante mecanismos especiales de autorización, un hecho que ha despertado cuestionamientos sobre el alcance real de las medidas adoptadas y sobre el nivel de información que comparten ambos gobiernos respecto a estos casos.

Tras darse a conocer el reportaje, los gobiernos de Sonora y Tamaulipas rechazaron los señalamientos, asegurando que no existe información oficial que confirme las acusaciones difundidas por el medio estadounidense, además de negar cualquier vínculo con organizaciones criminales y defender la trayectoria pública de ambos gobernadores.

El tema escaló rápidamente a la agenda nacional y abrió un nuevo debate sobre la relación entre México y Estados Unidos en materia de seguridad, particularmente porque ocurre en medio de una creciente presión de las autoridades norteamericanas para combatir las redes del narcotráfico y fortalecer los mecanismos de cooperación bilateral.

Aunque hasta el momento el gobierno de Estados Unidos no ha emitido una postura oficial detallando las razones de las presuntas revocaciones, la publicación de Los ÁngelesTimes ha provocado un fuerte impacto político al involucrar a dos gobernadores en funciones, generando incertidumbre sobre las implicaciones que estas investigaciones podrían tener en los próximos meses y sobre el efecto que podrían producir en la relación entre ambos países.

El cargo SUMAN DOS GOBERNADORES MÁS DE MORENA BAJO INVESTIGACIÓN DE EU apareció primero en Periódico NMX.

De acuerdo con denuncias de actores políticos y reportes periodísticos, algunos contratos habrían sido otorgados a empresas vinculadas con personas cercanas a la alcaldesa, lo que ha generado cuestionamientos sobre posibles prácticas de favoritismo y falta de transparencia en el manejo de recursos públicos.

Entre los casos más señalados destaca la contratación de servicios de comunicación social a empresas relacionadas con su entorno, lo que ha derivado en sospechas sobre la existencia de vínculos empresariales previos que no habrían sido plenamente transparentados, alimentando las críticas desde distintos sectores políticos y sociales.

A estos señalamientos se suman observaciones sobre el manejo financiero del municipio, particularmente por el monto destinado a liquidaciones laborales, así como cuestionamientos sobre procesos de adjudicación en obra pública que, según regidores de oposición, podrían presentar inconsistencias en los mecanismos de contratación y supervisión.

En paralelo, también se han señalado posibles omisiones en declaraciones patrimoniales que habrían impedido identificar oportunamente relaciones empresariales, lo que ha intensificado las exigencias de mayor rendición de cuentas y claridad en la gestión pública por parte de la administración municipal.

Ante este escenario, voces opositoras han solicitado la intervención de instancias fiscalizadoras para investigar a fondo los hechos y determinar posibles responsabilidades, mientras que desde el gobierno municipal se ha insistido en que cualquier señalamiento debe resolverse a través de las vías institucionales, en medio de un debate que continúa escalando en la agenda pública local.

El cargo PIDEN INVESTIGAR CONTRATOS EN ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE LEÓN apareció primero en Periódico NMX.

La protesta se realizó de forma pacífica y sin afectar la circulación vehicular. Durante cerca de una hora, las y los inconformes realizaron volanteo, exhibieron pancartas y lanzaron consignas dirigidas tanto a las autoridades como a los automovilistas, con el objetivo de visibilizar lo que consideran un cobro injusto y desproporcionado.

Entre los señalamientos expuestos, destacaron que se trata de una carretera con más de 30 años de operación y que el peaje impacta principalmente a la población de Guanajuato capital, al ser prácticamente el acceso principal a la ciudad. Los manifestantes también cuestionaron la concesión otorgada a las empresas VISE y Rubau, al señalar falta de beneficios claros para la ciudadanía.

Colectivos ciudadanos informaron que mantendrán la presión social y jurídica para revisar la concesión, y no descartaron impulsar amparos colectivos u otras acciones legales con el argumento de que el esquema actual puede ser revisado por las autoridades competentes.

En respuesta, el Gobierno del Estado ha sostenido que la concesión es legal y vigente, y que eliminar el cobro implicaría consecuencias contractuales, además de reiterar que existe una vía alterna libre para quienes decidan no utilizar la autopista de cuota.

El cargo PROTESTAN EN CASETA GUANAJUATO–SILAO POR COBRO DE PEAJE apareció primero en Periódico NMX.