Investigadores de El Colegio de la Frontera Sur (Ecosur) colaboran con la Secretaría de Gobernación, 23 alcaldes de municipios fronterizos y con el gobierno de Alemania, en un proyecto llamado “Municipios Fronterizos en Derechos Humanos”, que identifica a los grupos con mayor carga de vulnerabilidad social en la región limítrofe sur de México, como migrantes, indígenas, mujeres o adultos mayores, y diseña políticas públicas enfocadas a esos grupos.
Ellos buscan contrarrestar la violación a cualquiera de los 30 derechos humanos reconocidos por la Organización de Naciones Unidas (ONU).
El proyecto fusiona dos esfuerzos que iniciaron de manera separada: por un lado, en 2015 los académicos de Ecosur, encabezados por la doctora Martha Rojas, habían puesto en marcha un proyecto de investigación científica llamado “Miradas de la vulnerabilidad social en el sureste de México”, el cual ya había hecho colectas de información en diferentes municipios que colindan con Guatemala o Belice.
Por otro lado, en 2016 surgió un acuerdo diplomático entre México y Alemania, en el marco del Año Dual Alemania-México, para promover una posible certificación a los trabajos municipales en defensa de los derechos humanos.
Antes de unirse el proyecto científico, financiado por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), con el proyecto de la Secretaría de Gobernación y los municipios, el Ecosur ya había definido un marco teórico sólido para medir la vulnerabilidad social y no sólo confundirla con pobreza o precariedad, pues hay vulnerabilidad en la infancia, en la vejez y hasta por actividad económica.
Por medio de la aplicación del marco teórico de Ecosur se encontró, por ejemplo, que el grupo humano con mayor vulnerabilidad social en el sur de México no son los migrantes, como ya se había dado por sentado; en realidad son las mujeres indígenas jóvenes. Eso ya representa un cambio en enfoques y en el balance de acciones para atención.
Ecosur también ha adoptado algunos principios teóricos de la filósofa estadunidense Judith Butler, quien dice que el primer valor a observar y defender cuando se analizan los derechos humanos es la dignidad, que es uno de los componentes de la definición de ser humano.
La frontera política de México con Guatemala y Belice es una línea de mil 158 kilómetros que, del lado mexicano, toca a los estados de Campeche, Chiapas, Quintana Roo y Tabasco. Existen once cruces oficiales que conectan a México con sus dos vecinos centroamericanos, aunque hay muchos más cruces informales. En los 23 municipios localizados en suelo mexicano existe un mosaico de al menos ocho lenguas, donde se incluye al maya yucateco, chol, tzeltal, tzotzil, zoque, mame, tojolabal, chontal, que conviven con el castellano.
La composición de los asentamientos o poblados en la frontera sur es variada pero en la gran mayoría hay comunidad indígena. Durante siglos, grandes haciendas, con rasgos y estructuras distintas a las del centro de México se localizaron en Yucatán y está por precisarse qué papel desempeñaron en Chiapas, Tabasco y Campeche.
En el siglo XIX fueron muy importantes las fincas de café, cacao y plátano, particularmente en el Soconusco, así como los campamentos chicleros en Campeche.
En la actualidad los asentamientos indios van desde la dispersión como los parajes de los Altos de Chiapas hasta las aldeas y pueblos nucleados de los mayas de Quintana Roo. En la frontera sur de México también es característico encontrar ciudades rodeadas de población india como San Cristóbal en Chiapas o Carrillo Puerto, en Quintana Roo. Otro tipo de ciudades como Tapachula o Chetumal, aunque no estén situadas directamente en la frontera, son ciudades fronterizas que mantienen una intensa y continua relación con Centroamérica.
Para tener un diagnóstico científico de la población y las diferentes fuentes de daño que puede experimentar la población de esa región, en 2015 Ecosur puso en marcha el proyecto de Miradas de la Vulnerabilidad social como uno de sus megaproyectos interdisciplinarios. En este caso, hay 32 investigadores y estudiantes de posgrado que participan desde disciplinas como la demografía, sociología, agronomía, biología y en salud pública. Entre otras cosas, su búsqueda documenta casos de violencia, despojo y abusos a los que son sometidos los habitantes de la frontera y que no son visibles para los tomadores de decisiones de política pública.
