Los partidos independentistas catalanes presentaron hoy en Barcelona la ley con la que pretenden convocar un referendo secesionista en la región española para el 1 de octubre, algo que el Gobierno español de Mariano Rajoy considera ilegal.
Representantes de los grupos políticos Junts pel Sí y CUP, impulsores del desafío al Estado español, aseguraron que la llamada ley del referendo, que será previsiblemente aprobada en agosto por el Parlamento regional catalán, es «suprema» y prevalecerá sobre cualquier otra norma que pueda contradecirla.
Así, los independentistas catalanes pretenden garantizar la seguridad jurídica de todos aquellos que colaboren en la organización y celebración de la hipotética consulta en Cataluña, entre otras cosas.
«Con esta ley se establece un régimen jurídico excepcional para dar respuesta a esta realidad y poder celebrar el referéndum vinculante», aseguraron durante la presentación.
La norma prevé que se declare de forma inmediata la independencia de Cataluña en caso de que en la votación gane el «sí» a la secesión, tras lo que se abriría «un proceso constituyente».
El texto no establece una participación mínima para que la consulta sea vinculante.
El preámbulo del texto invoca el derecho de autodeterminación, así como acuerdos y documentos de instituciones internacionales como Naciones Unidas (ONU) y el Tribunal de La Haya.
El Gobierno de Rajoy ha advertido ya en varias ocasiones que impugnará ante la Justicia la convocatoria de la votación.
Así lo hizo en 2014, cuando el Gobierno catalán convocó una consulta sobre la independencia de la región. La suspensión por parte del Tribunal Constitucional llevó al Ejecutivo a organizar finalmente una votación no oficial bajo el apelativo de «proceso participativo».
Más de dos millones de personas acudieron a las urnas pese a que el Constitucional también suspendió esta segunda consulta. El entonces presidente del Gobierno catalán, Artur Mas, fue condenado a dos años de inhabilitación política por desobediencia a la Justicia.
El pulso independentista catalán ha ido escalando desde que en 2010 el Constitucional español decidió anular algunos puntos del nuevo Estatuto de Autonomía catalán, una suerte de Constitución regional.
El reclamo de una independencia del resto de España fue ganando peso político y se centró sobre todo en el intento de celebrar un referéndum soberanista, una de las promesas electorales para esta legislatura del jefe del Gobierno catalán, Carles Puigdemont.
