El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, solicitó licencia a su cargo en un contexto de creciente presión política, luego de que la Fiscalía General de la República (FGR) iniciara investigaciones derivadas de una solicitud presentada por Estados Unidos en torno a presuntos vínculos con el narcotráfico.
La decisión de separarse del cargo ocurre en un momento crítico para su administración, marcado por señalamientos que han escalado a nivel internacional y que han colocado al mandatario bajo el escrutinio público, generando cuestionamientos sobre su permanencia al frente del gobierno estatal.
Aunque la licencia se presenta como una medida para facilitar el desarrollo de las indagatorias, el movimiento se interpreta también como una respuesta a la presión política y mediática que se ha intensificado en los últimos días, en un entorno donde la exigencia de claridad sobre el caso ha ido en aumento.
Tras la aprobación de la licencia, el Congreso del Estado de Sinaloa designó como gobernador sustituto a Enrique Inzunza Cázarez, quien asumirá temporalmente la titularidad del Ejecutivo estatal mientras se desarrollan las investigaciones.
Desde el ámbito federal, la presidenta Claudia Sheinbaum ha insistido en que cualquier señalamiento debe estar respaldado por pruebas, al tiempo que la investigación avanza bajo el principio de debido proceso, sin que hasta ahora se hayan dado a conocer conclusiones oficiales.
La salida temporal de Rocha Moya abre un escenario de incertidumbre política en Sinaloa, donde el desarrollo de las investigaciones será determinante no solo para su futuro político, sino también para la estabilidad institucional del estado.
