Guanajuato busca cambiar las reglas del combate a la delincuencia organizada, luego de que el Gobierno estatal presentara una iniciativa para que las fiscalías de los estados puedan investigar y llevar ante la justicia delitos relacionados con grupos criminales, una facultad que actualmente corresponde principalmente a las autoridades federales.
La propuesta fue impulsada por la gobernadora Libia Dennise García Muñoz Ledo y el fiscal estatal Gerardo Vázquez Alatriste, quienes consideran que las entidades deben tener una participación más activa en este tipo de investigaciones, ya que son las primeras en atender los hechos delictivos, reciben las denuncias y mantienen contacto directo con las víctimas y las comunidades afectadas por la violencia.
De acuerdo con las autoridades, en muchas ocasiones las fiscalías estatales cuentan con información clave sobre las operaciones de los grupos criminales en sus regiones, sin embargo, enfrentan limitaciones legales para avanzar en investigaciones relacionadas con delincuencia organizada, situación que puede retrasar procesos y dificultar el seguimiento de casos que tienen un impacto directo en la seguridad de los estados.
En este sentido, el fiscal Gerardo Vázquez Alatriste explicó que la intención no es restar facultades a la Federación, sino fortalecer la coordinación entre los distintos niveles de gobierno, permitiendo que las autoridades locales puedan actuar cuando existan elementos suficientes para hacerlo, además de aprovechar el conocimiento que tienen sobre la dinámica delictiva en cada municipio y región.
La iniciativa ya fue presentada ante el Congreso de Guanajuato y, en caso de obtener el respaldo de los legisladores locales, sería enviada al Congreso de la Unión para impulsar una reforma de alcance nacional, por lo que el planteamiento podría abrir un debate sobre la manera en que actualmente se distribuyen las responsabilidades en el combate al crimen organizado.
La propuesta surge en un contexto en el que Guanajuato continúa enfrentando importantes desafíos en materia de seguridad y violencia, por lo que el Gobierno estatal considera que ampliar las facultades de las fiscalías locales podría contribuir a una respuesta más rápida y efectiva frente a los grupos criminales, además de fortalecer las capacidades institucionales para enfrentar delitos de alto impacto en todo el país.
