La confrontación política entre Morena y la oposición escaló esta semana luego de que el partido oficialista anunciara que buscará impulsar un juicio político contra la gobernadora panista de Chihuahua, Maru Campos, mientras continúan las críticas por la falta de acciones contra el gobernador sinaloense Rubén Rocha Moya, señalado por autoridades de Estados Unidos por presuntos vínculos con el narcotráfico.
La dirigencia nacional de Morena acusó a Maru Campos de permitir la participación de agencias estadounidenses en operativos realizados en territorio mexicano, situación que consideran una violación a la soberanía nacional y a la Ley de Seguridad Nacional, por lo que legisladores y dirigentes del partido adelantaron que promoverán acciones para intentar retirarle el fuero y llevar el caso ante instancias legislativas federales.
El anuncio ocurrió apenas horas después de que diputados del PAN presentaran una solicitud de juicio político contra Rubén Rocha Moya y exigieran su separación del cargo, luego de que fiscales estadounidenses solicitaran su detención con fines de extradición por presuntos nexos con el Cártel de Sinaloa, acusaciones que han generado una fuerte presión política sobre Morena y el Gobierno Federal.
Mientras Morena endurece el discurso contra la mandataria de Chihuahua, la oposición acusa al oficialismo de actuar con “doble discurso”, al impulsar procesos contra gobernadores opositores mientras evita tomar medidas contundentes contra Rocha Moya, pese a las acusaciones internacionales y a la crisis política que el caso ha provocado tanto en México como en Estados Unidos.
El caso del gobernador sinaloense ha tomado mayor relevancia después de que autoridades estadounidenses también señalaran a otros funcionarios ligados a su administración por presuntos vínculos con el crimen organizado, mientras que la Fiscalía General de la República ha insistido en que se requieren pruebas formales para proceder judicialmente o iniciar un proceso de extradición.
La disputa ya encendió el ambiente político en el Congreso de la Unión y amenaza con convertirse en uno de los principales frentes de confrontación rumbo a las elecciones de 2027, donde Morena y la oposición buscan posicionarse políticamente utilizando los procesos de juicio político y desafuero como parte de la batalla por el control de entidades clave del país.
