La Suprema Corte de Justicia de la Nación se colocó nuevamente en el centro del debate público tras la adquisición de nueve camionetas con blindaje y equipamiento especial de seguridad, una compra que generó críticas por su impacto presupuestal y por el contexto de austeridad en el gasto público.
De acuerdo con estimaciones difundidas en reportes periodísticos, el costo total de las unidades con blindaje habría alcanzado entre 21 y 27 millones de pesos, cifra que detonó cuestionamientos en redes sociales y entre diversos actores políticos y sociales, al considerar que se trata de vehículos de alta gama.
La polémica se intensificó luego de que trascendiera que las camionetas estaban destinadas a los ministros del máximo tribunal, lo que abrió una discusión sobre los criterios de seguridad, la pertinencia del gasto y la necesidad de mayor transparencia en la toma de decisiones administrativas del Poder Judicial.
Ante el señalamiento público, el ministro presidente de la Suprema Corte defendió la adquisición al argumentar que se trató de una decisión basada en criterios de seguridad institucional, y sostuvo que “la seguridad no implica lujo”, al tiempo que subrayó que el procedimiento se realizó conforme a la normativa vigente.
No obstante, frente a la presión social, la Suprema Corte informó que las camionetas no serán utilizadas por los ministros y que se analiza su devolución o reasignación, en un intento por atender la inconformidad ciudadana y reforzar el compromiso con el uso responsable de los recursos públicos.
