Las declaraciones de la gobernadora Libia Dennise García Muñoz Ledo en torno al caso de Cecilia García Ramblas, joven asesinada en Salamanca tras haber sido privada de la libertad, generaron una amplia polémica entre colectivos de búsqueda y actores sociales en el estado.
Durante un posicionamiento inicial, la mandataria señaló que la víctima no contaba con un registro formal como integrante de un colectivo de búsqueda, lo que provocó reacciones inmediatas de organizaciones de familiares de personas desaparecidas, quienes afirmaron que Cecilia sí participaba activamente en estas labores.
Colectivos, entre ellos “Salamanca Unidos Buscando Desaparecidos”, señalaron que la joven formaba parte de sus actividades, lo que colocó el debate en torno al reconocimiento de las personas buscadoras y la importancia de visibilizar su labor, especialmente en un contexto de riesgo.
Ante las reacciones, el gobierno estatal matizó la postura inicial al señalar que una persona puede ser considerada buscadora por su participación social, independientemente de su registro formal, reiterando además su compromiso con el esclarecimiento del caso y el acompañamiento a familiares.
El caso de Cecilia García no solo ha puesto en el centro la discusión sobre los mecanismos de reconocimiento institucional, sino también la necesidad de fortalecer la coordinación entre autoridades y colectivos, así como garantizar condiciones de seguridad para quienes realizan la búsqueda de personas desaparecidas en Guanajuato.
