El Gobierno de México anunció la puesta en marcha de la Credencial del Servicio Universal de Salud, un documento que permitirá a la población acceder a servicios médicos en instituciones públicas como el Instituto Mexicano del Seguro Social, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y el IMSS-Bienestar, sin importar su afiliación laboral o condición previa, como parte de la estrategia para avanzar hacia un sistema de atención médica universal.
La nueva credencial funcionará como una identificación nacional de salud e integrará datos personales, códigos QR para validación y localización de unidades médicas, así como información clínica relevante, entre ella tipo de sangre y voluntad de donación de órganos. Además, estará vinculada a un expediente clínico electrónico único, lo que permitirá dar continuidad a los tratamientos aun cuando la persona sea atendida en distintas instituciones del sector público.
El proceso de credencialización iniciará a partir de marzo de 2026 y se extenderá a lo largo del año para evitar saturación en los módulos. Las personas interesadas deberán acudir a los puntos de registro que se instalarán en todo el país y presentar identificación oficial con CURP, comprobante de domicilio y, en el caso de menores de edad, acta de nacimiento e identificación de la persona tutora. La entrega de la credencial física se realizará semanas después del registro, mientras que la versión digital estará disponible a través de una aplicación oficial.
Autoridades federales señalaron que este documento no elimina los derechos adquiridos por quienes ya cuentan con seguridad social, sino que unifica el acceso y la identificación dentro del sistema público de salud, facilitando la atención oportuna en la unidad más cercana. Con ello, se busca reducir barreras de acceso, mejorar la coordinación entre instituciones y fortalecer la cobertura médica para toda la población.
La Credencial del Servicio Universal de Salud representa uno de los cambios estructurales más relevantes en materia sanitaria, al sentar las bases de un modelo donde la atención médica sea un derecho efectivo y continuo, independientemente de la institución que lo preste.
